Votar y ¿decidir? en España y Suiza

El 29 de noviembre de 2026, los ciudadanos de España y Suiza acudirán a las urnas para ejercer facultades diferentes. En España se celebrarán elecciones generales anticipadas; en Suiza, una votación federal sobre cuatro asuntos concretos. La coincidencia, además de obligarme a ejercer mi derecho al voto en ambos países, me permite mirar más allá de este ejercicio democrático: ¿qué capacidad conserva la ciudadanía para elegir e intervenir en las decisiones de sus representantes?

Hoy, 11 de noviembre, día de San Martín y del pistoletazo de salida del carnaval, está marcado por la huelga general en España, convocada para reivindicar salarios, vivienda y precios. Los españoles vuelven a la calle. Las movilizaciones por la vivienda del 3 de octubre ya habían expresado la frustración de quienes encuentran difícil independizarse: los jóvenes. Escucharlos exige atender y comprender sus condiciones de vida. No basta con pedirles que participen cuando se acerca una campaña electoral. Tanto una como la otra no demuestran por sí solas el fracaso de la democracia. Ni su éxito (al presentarse como un derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y de manifestación).

La encuesta de la OCDE sobre los factores que impulsan la confianza en las instituciones públicas, publicada en 2026 y basada en datos recogidos en 2025, ofrece un punto de comparación destacado. En Suiza, el 62% de la ciudadanía declara una confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno federal. En España, el 43%, frente al 37% de 2023. La media de la OCDE, que incluye países europeos y no europeos, es del 40%. España mejora (a pesar de que la sensación térmica es distinta) y se sitúa por encima de ese promedio, aunque queda lejos de Suiza. La distancia se amplía respecto a los partidos, ya que en Suiza el 49% de la ciudadanía confía en ellos, mientras que en España, el 21%. También difiere la percepción de tener voz en lo que hace el Gobierno: 65% frente a 38%. Jaque mate. ¿Por qué? Este último indicador no pregunta si cada voto obtiene representación parlamentaria; pregunta por la capacidad percibida de influir. La diferencia importa. Y mucho. Una persona puede tener representantes y, al mismo tiempo, sentirse excluida de las decisiones que afectan a su vida. Tanto por unos como por otros.

En sus análisis del 22 de julio y del 6 de noviembre, Benjamin von Wyl plantea en Swissinfo una pregunta: ¿por qué las democracias prestan tan poca atención al caso suizo? A partir de la misma encuesta, sus análisis relacionan la confianza, la participación y el gobierno de consenso. No prueban que un diseño institucional produzca automáticamente confianza, pero ofrecen razones para discutirlo sin reducir el debate a quién ostenta el poder (como ocurre en las democracias liberales partidistas entre el gobierno de turno y la oposición).

España es una monarquía parlamentaria. Un oxímoron en toda regla. La Constitución (1978) sitúa la soberanía en el pueblo, pero canaliza gran parte de su ejercicio a través de sus representantes (además de la Casa Real). La tensión democrática radica en la distancia entre la soberanía proclamada y las oportunidades efectivas de ejercerla. En España, el soberano es el Rey, no el pueblo (lo siento, mi estimado Rousseau por tu contrato social). El referéndum consultivo estatal depende de una propuesta del presidente del Gobierno, que debe ser autorizada por el Congreso. La ciudadanía no dispone de una vía equivalente a la iniciativa popular suiza para someter a consulta estatal una reforma constitucional. Tampoco elige directamente la jefatura del Estado. Cambiar la Corona es jurídicamente posible, pero exige un procedimiento agravado de reforma y una ratificación mediante referéndum. Arduo y difícil (por no decir casi imposible).

Las elecciones anticipadas del 29 de noviembre derivan de una disolución promovida por el Ejecutivo conforme a las reglas constitucionales. Son legítimas. La ciudadanía recibe una fecha y vuelve a elegir a sus representantes (cuándo y cómo ellos deciden). En Suiza, ese mismo día podremos pronunciarnos sobre la financiación de las pensiones mediante el IVA, la prohibición o no de los fuegos artificiales, la fiscalidad matrimonial y el negocio del material de guerra. ¿Qué tiene de especial? Aunque el calendario también lo establece el Consejo Federal, no todos estos asuntos tienen el mismo origen: hay iniciativas populares y decisiones parlamentarias sometidas a votación. La diferencia radica en los mecanismos disponibles, no en la ausencia de autoridades que organicen la consulta.

Suiza también pertenece a la tradición de la democracia liberal (aunque hace tiempo que practica una socialdemocracia). Su singularidad radica en combinar la representación con decisiones populares frecuentes y con un Ejecutivo colegiado. El Consejo Federal reúne siete miembros con igualdad de rango y una presidencia anual, sin una jefatura equivalente a la española. La llamada fórmula mágica distribuye los puestos entre los cuatro grandes partidos según la pauta 2, 2, 2 y 1. El desacuerdo continúa, pero una parte importante de él se tramita dentro del Gobierno: consenso y compromiso.

Como pensarán algunos ahora, en España también existen gobiernos de coalición. No es lo mismo. Mi crítica se dirige a la práctica común de convertir cada desacuerdo en una campaña permanente de deslegitimación. ¿Es necesaria la oposición para controlar al Gobierno? Para mí, pierde utilidad pública cuando su prioridad se reduce a esperar su caída. El consenso, a su vez, merece un examen profundo si termina por proteger acuerdos entre determinadas élites. Bajo estas premisas, compartir el Ejecutivo frente al enemigo no basta para representar a toda la sociedad. Ni mucho menos.

Tras la polémica entrevista del pasado lunes 9 de noviembre realizada a Santiago Abascal (líder de Vox) por David Broncano en el programa La Revuelta, queda claro que los medios públicos forman parte de esas condiciones políticas de las que hablo. En Suiza, los hogares pagan en 2026 un canon audiovisual anual de 335 francos. Según las cuentas de 2025, cerca del 80% de los ingresos de SRG SSR proviene del canon; el resto corresponde a ingresos comerciales y otras partidas. RTVE combina compensaciones presupuestarias con tasas y aportaciones del sector audiovisual, entre otros recursos. Aunque ni el canon garantiza por sí solo la autonomía ni la financiación presupuestaria demuestra la subordinación editorial, las diferencias son patentes: la rendición de cuentas.

En España, las críticas y las pataletas llueven sobre RTVE. No hay otra posibilidad. Sin embargo, en Suiza, el 8 de marzo de 2026, el 61,9% de los votantes rechazó la iniciativa que proponía reducir el canon a 200 francos. La población pudo decidir sobre una propuesta que afectaba al futuro de su servicio audiovisual. ¿Es perfecto? No, porque eso no elimina la intervención política, ya que el Gobierno del país helvético fija el canon y ha previsto reducirlo a 312 francos en 2027 y a 300 francos en 2029. El servicio público sigue siendo un terreno de disputa. No existe la perfección (por suerte).

Para terminar, cabe señalar que las cifras de confianza de 2025 no miden el efecto de la huelga de hoy ni el de las próximas elecciones. Pero sí sirven como contexto para analizar el malestar en España. Hay que exigir a la política y a la democracia españolas. ¿Una vez cada cuatro años? Insuficiente. ¿Cuándo se le antoje al político de turno? Autoritarismo. Paternalismo.

Los ciudadanos están cansados de que su participación no se traduzca en consecuencias visibles ni en decisiones por parte de sus representantes. La solución está ahí, pero se traspapela entre las papeletas (de voto) hechas de papel higiénico.